A lo
largo de la restauración, y debido
al sistema de turno de partidos, la educación fue un espacio de continua lucha
política. La legislación educativa estaba en función de quien ocupase la
cartera de educación. Al principio se reafirmó la confesionalidad del Estado,
excluyéndose la libertad de cátedra por el «Decreto
Orovio» (naciendo el Instituto Libre de Enseñanza, entre otros), para más
adelante proclamar la libertad de enseñanza y de conciencia.
La crisis de 1898 hizo acuñar la frase de «salvar a España por la escuela», ya que el regeneracionismo
planteaba la necesidad de una reforma educativa. A
principios del siglo XX, el consenso entre progresistas y liberales vuelve a
posibilitar la reforma de la enseñanza primaria, la secundaria, y los planes de
estudios universitarios. Se da una nueva regulación a la enseñanza de la
religión, se reordena el Bachillerato y la autonomía universitaria. En estas
fechas los maestros pasan a ser pagados por el Tesoro Público, hecho de trascendental
importancia.
Durante
la Segunda República, se proclama la
escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la
libertad de cátedra y la enseñanza como laica. Los maestros, profesores y
catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios, y se legislará con el
fin de facilitar el acceso universal a todos los grados de la enseñanza. Tras
las elecciones de 1933, se suprimió la coeducación, o bilingüismo en la
enseñanza, y la Inspección Central de Primera Enseñanza. En 1934 se aprobó el «Plan de estudios del Bachillerato», y
se continúa con la reforma universitaria en la línea del bienio anterior. Las
promesas de profundas reformas educativas del Frente Popular, tras las
elecciones de 1936, no se llevaron a la práctica por el estallido de la Guerra
Civil.
Durante
la Dictadura del General Franco,
proliferan en los primeros años leyes, decretos y órdenes ministeriales de
rechazo frontal a la política educativa republicana. Ya en la década de los 50,
hay una cierta apertura en materia de educación. Aunque persiste la confesionalidad
religiosa, remite un poco el adoctrinamiento. Se presta más atención a la
calidad de la enseñanza, se generaliza la escolaridad hasta los 14 años,
estableciéndose a su vez convenios para la construcción de más escuelas. En
1957 se incorporan a la Universidad, para normalizar el sistema, las escuelas
de ingenieros y arquitectos.
Con
la «Ley 14/1970 General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), de 4 de agosto», se regula
por primera vez en este siglo todo el sistema educativo español, bajo los planteamientos
de la tradición educativa liberal. Se superaban de esta forma, las reformas
sectoriales, y se respondía al cambio económico y social que se estaba viviendo en España. Se
generalizaba la escolarización de niños y niñas entre los 6 y 14 años,
integrándose estos en un sistema de escolarización centralizado, pleno, único y
no discriminatorio. Se procuró una enseñanza de calidad, reconociéndose la
función docente del Estado, que empezó a
establecer relaciones entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, al empezar
a entenderse que la educación debía preparar para el trabajo.
La «Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE), de 2002» proponía una serie de medidas con el principal objetivo de
lograr una educación de mayor calidad. No llegó a tener efecto, siendo
remplazada por la «Ley Orgánica de
Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006», la cual establece la estructura básica del sistema educativo español.
Por haber sido históricamente un ámbito de enfrentamiento político, al hacerse más
hincapié en los tintes ideológicos del sistema, en lugar de hacer preponderar la importancia de la enseñanza como servicio público al ciudadano, para así posibilitarle
un acceso con mayores garantías al mercado laboral, y aunque el sistema
educativo español ha cambiado profundamente en las últimas décadas lo que le ha
propiciado estabilidad, su eficacia es menor a la de países de nuestro entorno.
Presenta escasa diversidad, ausencia de diferenciación y síntomas de
estancamiento en los últimos años. Sus grandes problemas son el fracaso escolar
y la escasez de excelencia entre el alumnado.
Invertir en educación aumenta el bienestar de los ciudadanos y la productividad de un país. Según el informe del Ministerio de Educación sobre datos y cifras del curso escolar 2010/2011, el gasto medio por alumno en el conjunto de las etapas del sistema educativo español, era en 2007 de 6.073 euros. En Educación Secundaria el gasto medio en España es de 6.508 euros anuales. (La revista de CC.OO. “T.E.”, en su nº 312, de abril de 2010, indica que la inversión por alumno en Andalucía fue de 4.594 € en 2007).
La
extensión de los procesos formativos, no se ha visto acompañada de un aumento
de la calidad del sistema, persistiendo notables diferencias entre las CC.AA. Todas las
CC.AA. están por debajo de la media de la OCDE en términos de calidad. Las
CC.AA. que mejores resultados obtienen, son las que logran mayores niveles de
equidad, no existiendo relación directa entre el desarrollo económico y el
desarrollo educativo. El Índice de Pobreza Educativa de España se sitúa en
torno al 50% de la media de la UE-15.
En las «High Schools» anglosajonas los datos sobre la rentabilidad futura, tanto a nivel social como particular de los estudios, se explica a los alumnos como una asignatura más. Esta toma de conciencia del alumnado español podría aumentar el rendimiento escolar. En países como India y China esto ya se hace. ¿Tendrá esta política de concienciación algo que ver con el hecho de que sean, las suyas, dos grandes economías emergentes?
Los
retos que debe afrontar el sistema educativo español son varios. Uno de ellos es la organización del sistema de enseñanza de
manera tal que cada alumno encuentre un lugar en la esfera educativa que le permita
adquirir calificaciones a su medida, es decir, según sus posibilidades. Para
ello, establecer procesos diferenciados de enseñanza podría ser recomendable.
Los incentivos y valores familiares, potenciados en sistemas educativos como el finlandés, podrían jugar un papel importante, como se
pone de manifiesto si comparamos el sistema educativo español con el sistema educativo finlandés. Sería favorable diseñar políticas de mejora de los hábitos
culturales de las familias, potenciando la cultura escrita y la lectura en los
hogares.
La
mejor práctica en el diseño de esquemas de incentivos autonómicos o estatales a
la educación también sería importante y recomendable. Se evitaría así su posible fundamentación como medidas electoralistas, o su proliferación como meras ayudas para compensar la ineficacia de las políticas de empleo, imposibilitando al mismo tiempo que surgieran «tentaciones» de poner la educación al servicio de
cualquier ideología nacionalista que excluya como visión conjunta e
igualitaria al sistema educativo español, en su puesta en práctica a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional.
El
número de alumnos sube y el de los profesores baja. Los maestros de primaria en
España enseñan una media de cinco horas al día, (0,8 horas más que la media de
la OCDE). Al eliminarse el máximo de horas semanales de clase para los
docentes, el horario semanal para los profesores pasa a ser de 37,5 horas
(variando por CC.AA. y según las adaptaciones curriculares). La profesión de
profesor es importantísima, por lo que su formación (en la que debería tener
más peso la «psicopedagogía») y los incentivos («Estatuto del Docente» ya, para
hacer más atractiva esta profesión) deben ser revisados en profundidad. Quizás un
profesor motivado, bien retribuido y al que se le reconoce públicamente lo
importante de su labor para nuestra sociedad, no tendrá tantas reticencias en
hacer el sacrificio de trabajar una «escasa hora lectiva más» que sus colegas de la
OCDE.
El
gasto público en educación en España (comprende el
gasto corriente y de capital en educación e incluye el gasto del Gobierno en
instituciones educativas, tanto públicas como privadas, administración
educativa y subsidios para entidades privadas de estudiantes y hogares),
está un punto por debajo de la media de los países de la OCDE. Ahora, con los
recortes en educación de unos 10.000 millones €, esta distancia se acentuará
aún más. El gasto público en educación bajó en 2010 por primera vez en 17 años. Sin embargo, España destina por cada alumno en la
educación pública $10.094, según datos OCDE 2009, un 21% más que la media de la
OCDE y la UE.
La repercusión de la subida del IVA en el material escolar, la subida de tasas y el endurecimiento de los requisitos de acceso a las becas de comedor encarecerán, a su vez, el coste de la educación, recayendo en estos casos su precio directamente sobre el bolsillo de los administrados usuarios del servicio público de la educación.
El sistema educativo español ha experimentado un progreso espectacular con respecto al resto de países de la OCDE en las últimas décadas, reduciéndose radicalmente diferencias, a pesar de nuestro diferente punto de partida con respecto al resto de países de la OCDE. Llegado a este punto, y sin entrar a interpretar lo acertado o desacertado de las medidas de recortes y de subidas de precio de los costes indirectos de la educación expuestos, (al dar por sentado que son medidas excepcionales las aplicadas a la educación y que la tendencia de inversión seguirá siendo al alza, como lo ha sido desde 1987 según datos del Banco Mundial), pondremos el foco de la discusión en el hecho de que el sistema educativo español necesita reformas para seguir equiparándose al del resto de naciones occidentales, ¿no sería, por ello, más acertado practicar una verdadera reforma del sistema, y no meros recortes o subidas de precios indirectos, reforma acorde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía?
La repercusión de la subida del IVA en el material escolar, la subida de tasas y el endurecimiento de los requisitos de acceso a las becas de comedor encarecerán, a su vez, el coste de la educación, recayendo en estos casos su precio directamente sobre el bolsillo de los administrados usuarios del servicio público de la educación.
El sistema educativo español ha experimentado un progreso espectacular con respecto al resto de países de la OCDE en las últimas décadas, reduciéndose radicalmente diferencias, a pesar de nuestro diferente punto de partida con respecto al resto de países de la OCDE. Llegado a este punto, y sin entrar a interpretar lo acertado o desacertado de las medidas de recortes y de subidas de precio de los costes indirectos de la educación expuestos, (al dar por sentado que son medidas excepcionales las aplicadas a la educación y que la tendencia de inversión seguirá siendo al alza, como lo ha sido desde 1987 según datos del Banco Mundial), pondremos el foco de la discusión en el hecho de que el sistema educativo español necesita reformas para seguir equiparándose al del resto de naciones occidentales, ¿no sería, por ello, más acertado practicar una verdadera reforma del sistema, y no meros recortes o subidas de precios indirectos, reforma acorde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía?
La reforma, por otra parte, no debería partir de la demagógica discusión sobre: lo acertado o no del contenido de una asignatura concreta, de la obligatoriedad o no en el sistema educativo de una materia determinada, por la negativa o no del profesorado a dar una hora más de clase, de polémicas totalmente artificiales creadas en torno al bilingüismo, o por el hecho de volver a usar nuevamente la educación como un mero vehículo de transmisión de una determinada ideología. Todo ello distrae y sirve de cortina de humo para ocultar y evitar que la discusión de los cambios del sistema educativo español se centre en la raíz del problema; el hecho de reconocer que la inversión que se hace en educación no es todo lo rentable que debería, económica y humanamente, tanto para la cultura y valores de la sociedad española en general, como para nuestro mercado de trabajo en particular.
El Gobierno, a través del Programa Nacional de Reformas 2012, plantea la implantación de un conjunto de medidas en el «Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo». Se pretende permitir con ello a las CC.AA racionalizar el gasto educativo.
Si racionalización significa redirigir el gasto
público para atender, utilizando la razón, las áreas de mejora expuestas de nuestro sistema
educativo, desinvirtiendo en aquello que no cree valor al sistema y
posibilitando que el alumno encuentre su sitio en el sistema, dando a su vez el
protagonismo que merecen profesorado y centros educativos, se dará el impulso
que los expertos ven como necesario.
Si por el contrario estas medidas se imponen como
simples recortes y desvirtúan
la tendencia al alza de nuestro gasto educativo en las últimas décadas con
respecto al PIB, y dejamos de seguir acortando distancias con respecto al resto
de países de la OCDE en esos aspectos, tales medidas no podrán ser consideradas reforma del sistema. Simplemente se
estará tratando de imponer, por Decreto, medidas que pongan de nuevo el sistema
educativo español al arbitrio de un gobierno, desaprovechando así nuevamente una
oportunidad histórica de poder encauzar nuestro sistema educativo español como
sistema nacional, con las funestas consecuencias que eso podría acarrear en un futuro próximo para todos, (consecuencias, por otra parte, que podrían ser parecidas a las acontecidas tras la época moderada del siglo XIX en nuestro país, al no prestar los gobiernos en esos años la importancia debida a lo trascendental que es para un país un sistema educativo de aplicación a nivel nacional).
Como
se ha señalado en la introducción histórica, el sistema educativo español solamente ha
crecido en determinados momentos puntuales de nuestra Historia Contemporánea, de la mano del acuerdo sin
fisuras de las distintas tendencias políticas en esos concretos momentos
históricos. En un momento difícil como el que vivimos en la actualidad, se requieren
de este tipo de acuerdos, para que la inversión en educación sea la que
verdaderamente necesitamos, eso si, eliminando las ineficiencias del sistema y
aportando soluciones ante las verdaderas problemáticas en nuestra enseñanza.
Así, con altura de miras en las decisiones consensuadas, obtendríamos un sistema educativo
español en el que se pondría el acento en el bien común para cada uno de los españoles y al mismo tiempo, se estaría actuando en interés de nuestro maltrecho mercado de
trabajo. Surgiría de esa forma un sistema educativo español que capacitaría a nuestros jóvenes
como personas verdaderamente críticas, con valores solidos y cultura social, que les permitirían afrontar con más solvencia los
grandes retos que aún nos depara a la sociedad española el recién estrenado
siglo XXI.
@rafaferfu
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